“Francisco Casal es una de las figuras más polémicas y mediáticas del Uruguay de los últimos 20 años. Su trabajo como representante de futbolistas, el rol de Tenfield en el fútbol uruguayo y los constantes conflictos en torno a los derechos de televisión de las transmisiones deportivas han acaparado los medios de prensa”, reseña el diario uruguayo El País, que parece repetir lo que también sucede en Ecuador con Casal, como representante de GolTV, compañía que afronta un impedimento legal para transmitir el torneo ecuatoriano de fútbol.
El País de Madrid informó que Valentín Díaz Gilligan, subsecretario de Mauricio Macri en la presidencia argentina, ocultó $ 1,2 millones en un banco en Andorra de su declaración jurada y argumentó que lo hizo para hacerle un ‘favor’ a Casal.
“Francisco Casal tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco (DGI) que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía. Yo no ejercía entonces cargo público. Era asesor y facturaba como autónomo”, dijo Díaz en Madrid.
En 2002, la DGI denunció que Casal había evadido el impuesto a la renta y el patrimonio por las ventas de futbolistas por unos $ 9 millones.
En febrero del 2008, dos inspectores de la DGI visitaron el edificio de Tenfield (productora de Casal), y allí advirtieron que si no acordaban, empezarían a labrar actas y en lugar de $ 9 millones la deuda pasaría a $ 18 millones, o hasta los $ 100 millones.
Ese año, el Poder Judicial embargó los bienes del empresario y de ocho socios por $ 25 millones a pedido de la DGI, que luego fijó la deuda en $ 104 millones. En noviembre del 2011, el entonces ministro de Economía, Fernando Lorenzo, redujo el monto de la deuda de Casal de $ 104 millones a $ 10 millones, por la presunta evasión del impuesto a la renta de industria y comercio, y de actividades económicas.
Lo que no sabían los inspectores era que Casal filmó la reunión, que fue presentada como posible método de ‘presión’ hacia el empresario y fue aceptada como prueba ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo como acción de nulidad.
El panorama cambió para el empresario cuando los que fueron fiscales de gobierno señalaron que el procedimiento de la DGI tuvo una ‘inocultable desviación’ que “es fruto de impulsos al parecer orientados a otra finalidad que la de ejercer las atribuciones acordadas por el Código Tributario”.
Los exfiscales sostuvieron la teoría de los asesores legales del empresario, que afirmaron que este no debía dinero al Estado. Luego la fiscalía pidió que la causa se archivara, porque no se podía probar que Casal hubiera evadido impuestos intencionalmente.
Ante la amenaza en 2013 de Casal de demandar por $ 300 millones al Estado por daños y perjuicios, el entonces presidente José Mujica le perdonó la deuda. Según informó El Observador en 2016, Mujica mantuvo previamente una reunión con el vicepresidente Danilo Astori, el ministro Fernando Lorenzo, y otros dos funcionarios, y les comunicó que ordenaría que se deje sin efecto el embargo a Casal. “Antes de firmar eso, me voy. Esto es apocalíptico para la DGI y todo por Casal, que es un hijo de p…”, criticó Lorenzo, según publicó el diario. (MC)
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